Bolivia: El fascismo toma el poder – Morales protesta

*James Petras

16 septiembre del 2008

Los fascistas bolivianos han tomado el poder en cinco de los estados más ricos de Bolivia, expulsando a la fuerza a todos los funcionarios nacionales, asesinando, dañando y asaltando a los líderes, activistas y a los votantes que han respaldado al gobierno nacional - con total impunidad.

Desde que Evo Morales fue electo presidente hace más de 33 meses, la extrema derecha de Bolivia se ha aprovechado de cada concesión, compromiso y gesto conciliatorio del régimen de Morales para expandir su poder político, bloqueando incluso, las reformas sociales menos severas y paralizando el funcionamiento del gobierno a través de maniobras legales y de bandas de violentos maleantes callejeros.

Mientras el gobierno boliviano utilizaba la represión del Estado contra campesinos invasores y mineros huelguistas, se mantuvo como un espectador pasivo, impotente a la toma derechista de la Asamblea Constitucional, de los principales campos de aviación en Santa Cruz (forzando al presidente a huir a su palacio), suspendiendo todo el transporte público, la recaudación de impuestos federales y la inversión pública y de proyectos. Peor aún, los grupos de paramilitares fascistas repetidamente han insultado, golpeado, desnudado y ahuyentado de las principales calles y plazas de las ciudades capitales de las provincias que ellos controlan, a los partidarios campesinos indígenas que apoyan al presidente Morales.

A pesar de ganar casi el 70% del voto nacional en la recordada elección del 10 de agosto del 2008, Morales no ha tomado una sola medida para contrarrestar la toma fascista del poder regional -continúa abogando por el diálogo y el compromiso, así que la extrema derecha acumula fuerzas y se prepara para tomar parte en una guerra civil violenta contra los bolivianos pobres e indígenas. El gobierno de Bolivia expulsó al embajador de los E.E.U.U., Phillip Goldberg, solamente después que la embajada de los E.E.U.U. activamente respaldó el apoderamiento de la extrema derecha después de casi 3 años de un abierto financiamiento y colaboración pública con los secesionistas. Puesto que el régimen de Morales no rompió relaciones con Washington, es probable que una nueva persona designada por la Embajada llegue pronto para continuar con el complot activo realizado por Goldberg junto con la extrema derecha.

El contraste entre la pasividad ignominiosa del presidente y el golpe político agresivo y violento de la derecha fascista es sorprendente. El centro de la violenta rebelión y el éxito de la toma del poder por los fascistas está localizada en cinco departamentos regionales: Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca, que se agrupan en una organización regional colectiva llamada Consejo Nacional Democrático (CONALDE). Esto incluye prefectos locales, alcaldes, líderes empresariales y jefes de organizaciones de propietarios de tierras que son respaldados por bandas callejeras de maleantes, armados por la derecha, en una variedad de organizaciones, siendo la más importante la unión de jóvenes de Cruceño, que se especializan en destruir, golpear e incluso asesinar a indígenas desarmados que son seguidores de Morales.

El preludio a la guerra civil y a la toma del poder
La guerra civil y la toma del poder de los derechistas en los cinco departamentos sigue una secuencia de acontecimientos, dando como resultado, una recuperación gradual del poder político y social y la posterior puesta en marcha de una multiplicidad de movimientos ofensivos desde dentro de las instituciones gubernamentales e incrementándose a través de acciones directas extra-parlamentarias. Esto ha dado lugar a una escalada de ataques esporádicos de violencia sistemática contra individuos, organizaciones, instituciones públicas y recursos económicos estratégicos. En esta fase más reciente, la oposición ha arrojado su cobertura institucional “legalista” y ha tomado el control violento de las instituciones del Estado, y abiertamente ha declarado su secesión desde el gobierno central, desafiando la autoridad del gobierno para gobernar y ejercer su monopolio legal sobre las fuerzas policiales.

Desde el poder popular a la toma del poder neo-fascista

1. El punto de partida de la insurrección secesionistas neo-fascista comienza en el 2005 cuando a todos los intentos y propuestas, un levantamiento colectivo de trabajadores-campesinos-indígenas-mineros derrocó al régimen titular neoliberal y dominó las calles, presentando todos los ingredientes para un nuevo gobierno revolucionario.

2. Bajo el liderazgo de Evo Morales y el organizador anterior del NGO, García Linera y su partido electoral, el Movimiento al Socialismo (MAS), el movimiento colectivo se convirtió en las calles, de una actividad autónoma y de revolución social hacia una política electoral. Evo Morales fue electo presidente en diciembre del 2005 y procedió a firmar pactos políticos con los partidos de derecha para compartir el poder institucional en la búsqueda de un programa político-económico de centro. Se trataba de empresas conjuntas con todas las corporaciones multinacionales que extraen mineral (excepto las expropiaciones y la nacionalización) señal minimalista de programas de reforma agraria (nunca aplicados) y políticas fiscales restrictivas (excepto la redistribución de los ingresos y la limitación de los salarios y los aumentos de sueldos a la tasa de inflación).

3. A mediados del 2006, la extrema derecha se había recuperado de su derrota electoral y por medio de su presencia en la recién elegida Asamblea Constitucional, maniobró eficazmente para bloquear la aprobación de la nueva Constitución. El gobierno se centró exclusivamente en su programa de reforma política, consolidó sus empresas conjuntas con todas las principales multinacionales de gas y petróleo, renovó contratos desfavorables de gas con Brasil (Bolivia pagando muy por debajo de los precios del mercado mundial) y desmovilizó los movimientos colectivos a través del control del partido MAS sobre dirigentes urbanos y rurales (con la excepción de los mineros).

4. A partir de finales del 2006 y en el transcurso del 2007, la derecha neofascista se basó en sus tropas de choque extra-parlamentarias para asaltar a representantes pro-gubernamentales en la Asamblea Constitucional, para organizar bloqueos de carreteras y para hacer valer su independencia (autonomía) del gobierno nacional. El gobierno boliviano rechazó cualquier recurso a la movilización popular exigida por los sectores más radicalizados de los mineros de Oruro y Potosí. Y en lugar de ello se retiró, frente a la presión institucional de la derecha neo-fascista, ofreciendo concesiones en la redacción de la Constitución. Morales hizo una serie de concesiones estratégicas en el número de propiedades de tierras exentas de la reforma agraria, cediendo poderes judiciales y fiscales a los gobernantes regionales fascistas y concedió el control de los caminos, carreteras y plazas a las bandas bien armadas de neofascistas.

5. En el transcurso del 2008, la derecha neofascista continuó su “marcha a través de las instituciones” consolidando su control sobre los gobiernos locales y regionales, y reclamos sobre los ingresos procedentes de los sectores económicos estratégicos –los cuales están localizados en las regiones disputadas. A mediados del 2008, la derecha abiertamente mantuvo sus demandas secesionistas y procedió a crear una policía, aduana, agencias fiscales y otros organismos de gobierno de manera paralela. El régimen secesionista dió licencia a negocios, propietarios y a la élite urbana de clase media. A través de su liderazgo de las autoproclamadas “organizaciones cívicas” y de sus agentes armados, procedieron a intimidar y a asaltar a miles de partidarios del gobierno, campesinos, activistas indígenas, oficiales y dueños de negocios pro-gubernamentales, vendedores ambulantes, profesores de escuelas, trabajadores de la salud y a otros empleadores públicos. La estrategia neofascista para la toma del poder del Estado estuvo basada en la acumulación de fuerzas a través de demostraciones públicas de poder, encuentros masivos y clausuras de negocios urbanos. Cualquier partidario del gobierno nacional que no acatara su ataque, era objeto de padecer crueles castigos públicos, incluyendo palizas y humillación pública en plazas públicas a indígenas y campesinos partidarios de Morales, donde eran desvestidos y azotados frente a las burlas de una multitud de europeos de piel blanca.

De la protesta a la toma del poder
En agosto del 2008, después de haber experimentado solo anémicas y repetidas protestas intrascendentes del gobierno de Morales-García, los neofascistas lanzaron un extenso ataque relámpago, dando rienda suelta y respaldo financiero y político, a asaltos a gran escala en principales instalaciones federales, en agencias y sindicatos, y en oficinas de asociaciones campesinas. Tomaron control de los campos de aviación, negando los derechos de aterrizaje a algún gobernante u oficial relacionado al gobierno, incluyendo al presidente Morales y al vicepresidente García y a cualquier dignatario visitante.

Desde el principio, el evento desencadenante para la puesta en marcha de la guerra civil neofascista y la violenta toma del poder, fue la victoria electoral de Morales-García en el referéndum del 8 de agosto –donde Morales obtuvo el 67% de los votos. El resultado dejó en claro que la derecha no podría volver al poder nacional por la vía electoral, cuando su única mayoría electoral se obtuvo en los departamentos que ella gobierna. Pero incluso, en los cinco departamentos controlados por la derecha, Morales recibió aproximadamente el 40% de los votos, una fuerte minoría en la ciudades y una mayoría en muchas zonas rurales entre el campesinado.

La clase capitalista, como en otras lugares a través de la historia, cuando se enfrenta, incluso con algunas reformas moderadas de propiedad, pero especialmente, cuando se enfrenta a un régimen cobarde, retractario y conciliatorio, desecha los métodos constitucionales de la oposición. Ellos mismos se unen a los oficiales locales neofascistas, a los líderes “cívicos” e incluso a pandillas violentas de jóvenes ricos de Santa Cruz. Morales se negó a ordenar a la policía y a los militares defender los edificios públicos frente a los incendiarios y violentos ataques, que destruyeron servicios públicos, oficinas de telecomunicaciones, de aduanas, de contabilidad y de catastro, archivos oficiales y registros estatales. Por el contrario, Morales los obligó a retirarse.

En Pando y Tarifa, los gasoductos y oleoductos fueron explotados, causando grandes daños y la pérdida de millones de dólares de ingresos para el Estado. Finalmente, el 11 de septiembre del 2008 en Pando, más de un centenar de campesinos pro-Morales fueron asesinados o heridos en una emboscada organizada por vigilantes armados apoyados por el departamento del prefecto Leopoldo Fernández y sus seguidores de las organizaciones “cívicas”. La destrucción sistemática de todos los signos y símbolos de la autoridad del gobierno federal y el asesinato e intimidación de trabajadores campesinos partidarios de Morales, anunció la etapa final de este proceso de secesión de 3 años, de represión étnica-racial y de la imposición de un nuevo orden político fascista.

Mientras que la guerra civil dirigida por los neofascistas a través de las 5 provincias, se llevó a cabo sin la oposición del gobierno nacional, los ministros de Morales adoptaron posturas extrañas: García-Linera racionalizó la impotencia del régimen desestimando la toma del poder por el aparato neofascista en los 5 departamentos, como actos de vandalismo por una banda de 500 delincuentes. Mientras que Bolivia ardía, el Ministro del Interior Alfredo Rada y el Ministro de Defensa Walker San Miguel trataron inútilmente de minimizar la toma ilegal del poder por los neofascistas, de casi la mitad del país con el 80% del ingreso nacional, minimizando la inminente guerra civil a actos de vandalismo delincuenciales en diferentes regiones del este y sur del país.

El 12 de septiembre del 2008, Morales aparentemente ajeno al ataque masivo y continuo y a la toma del poder, en realidad convocó a un encuentro con los prefectos neofascistas para un diálogo sin condiciones previas. En otras palabras, Morales los absolvió de la brutal masacre de más de un centenar de campesinos e ignoró el sabotaje económico, que acompañó a la incautación y destrucción de petróleo, gas y otros esenciales ingresos de sectores productivos. Sobra decir que los neofascistas se reunieron con Morales sin la concesión de un solo acuerdo. De hecho, la única razón que ellos vieron en todo eso es que Morales fue finalmente obligado a declarar un estado de sitio en Pando –posterior a la matanza de 30 campesinos por vigilantes armados bajo el control del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

Las tropas tuvieron que desalojar el campo de aviación ocupadas por los matones de la derecha, quienes anteriormente habían impedido el aterrizaje de un avión de transporte del gobierno. Los otros 4 departamentos bajo control de los neofascistas no fueron afectados por la declaración de un estado de sitio. En Pando, ahora con la presencia militar, se resguardan edificios públicos y las instalaciones de petróleo y gas, el gobierno finalmente decidió arrestar al prefecto de la derecha por su participación en las matanzas.

¿Un giro hacia el buen gobierno?
El Presidente Morales finalmente ordenó al embajador Phillip Goldberg de los E.E.U.U., abandonar el país después de 2 años de intervenir directamente en la planeación, financiamiento y respaldo a la guerra y en la toma del poder regional organizada por la clase neofascista. Más de $125 millones en fondos en ayuda financió casi exclusivamente a las organizaciones neofascistas “cívicas” y a través de ellas, a la “Unión Juvenil de Santa Cruz”, vigilantes raciales armados. Morales se tardó demasiado en declarar estado de sitio, y solamente se produjo bajo la presión de sus agitados partidarios entre ellos, los campesinos y los movimientos colectivos urbanos, que comenzaron a organizarse y armarse por ellos mismos, independientemente del impotente gobierno federal. Morales también respondió a la presión de Brasil, Argentina, Venezuela y de otros países para poner fin a la violencia. Brasil y Argentina se vieron afectados por la interrupción del vital gas natural enviado desde Bolivia. Incluso los regímenes constitucionales de derecha, como Bachelet de Chile y de Alan García de Perú, respaldaron a Morales e indirectamente lo presionaron para actuar por temor de crear un precedente de una exitosa toma del poder regional secesionista violenta de la derecha que podría gestarse en sus propios países.

Conclusiones
El estado de sitio y la expulsión del embajador de los E.E.U.U. pueden ser considerados como movimientos positivos que se realizaron muy tarde para reafirmar la soberanía boliviana y defender el orden constitucional. Pero, ¿qué sigue?

Los neofascistas han aprovechado el poder regional gubernamental. Todavía controlan el 80% de los recursos económicos estratégicos de Bolivia. La mayoría de la población que vive bajo el poder derechista se encuentra sin la protección del gobierno central. Solamente algunos gaseoductos y oleoductos de petróleo y gas natural han sido asegurados temporalmente por las tropas federales. Morales ha confiado en los militares para defender su régimen, dejando de lado, marginando y desmovilizando los movimientos populares y emergentes de autodefensa. La fiabilidad del ejército boliviano no está garantizada. Por conveniencia estratégica para la defensa del régimen de Morales contra la derecha neofascista, las fuerzas armadas pueden asumir poderes como árbitros en el futuro del país. Morales está relativamente seguro escondido en los Andes; pero sus seguidores en los 5 departamentos en el Este, continúan enfrentándose al poder represivo de los neofascistas y de sus bandas organizadas de vigilantes. Igualmente importante, Morales, frente a la resistencia violenta de la extrema derecha, demuestra toda la intención de hacer nuevas concesiones en los ingresos y compartir el poder con la élite dominante. Él está abierto a hacer aún más concesiones a los cien grandes terratenientes, a los magnates de los medios de comunicación, a banqueros y agro-exportadores que están presionándolo para la secesión.

En repetidas ocasiones, durante los 3 últimos años, los indígenas, los campesinos, los mineros, los habitantes de los barrios bajos y los empleados públicos, se han organizado y luchado por la reforma agraria, por la nacionalización de las minas y de los yacimientos de petróleo para que sean controlados por los trabajadores y por sueldos y salarios justos. Lo que ellos han conseguido de Morales es un gobierno de austeridad fiscal, de acuerdos económicos con corporaciones extractivas multinacionales extranjeras y con grandes e intocables complejos de agronegocios. A pesar de tener un mandato político para gobernar, Morales ha hecho una sucesión de esfuerzos fallidos para conciliar lo irreconciliable con las élites regionales y económicas. Si hay una lección que Morales puede aprender de los campesinos que han sido denigrados y debatidos en las calles de Santa Cruz, de los sindicalistas que han sido quemados fuera de sus oficinas y hogares en Pando, y de los vendedores ambulantes que han sido expulsados de los mercados en Tarija, es que no puede hacer tratos con los fascistas. No puede derrotar el fascismo con elecciones y concesiones a grandes pagadores terratenientes.

Tomado de http://petras.lahaine.org/

*Profesor emérito de Sociología en la Universidad de Binghamton (Nueva York). Petras se describe a sí mismo como un activista y escritor revolucionario y anti-imperialista. Ha trabajado con el movimiento de trabajadores de los Sin tierra en Brasil y el movimiento obrero en Argentina.

Traducido para Sotavento CIAC por Gabriela Alcántara